Cómo lograr un equilibro entre la libertad religiosa y los derechos LGBT 

(NOTA DEL EDITOR: El siguiente corresponde un artículo publicado por el Departamento de Asuntos Públicos de la Iglesia a comienzos de esta semana titulado «Libertad religiosa e igualdad para todos» donde se comenta la posición de la Iglesia en la que se opone al matrimonio homosexual a la vez de apoyar la protección de los derechos a vivienda y empleo de los homosexuales, además de sostener la necesidad de proteger la libertad de las personas de fe).

Una diversa coalición de comunidades religiosas, incluyendo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días, ha enviado lo que se conoce como un “amicus curiae” a la Corte Suprema de los Estados Unidos a fin de hacer oír su voz en cuanto al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Este artículo explica por qué la Iglesia se ha unido a este informe.

LA CORTE SUPREMA de los Estados Unidos pronto dará lugar a los alegatos acerca de si el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional federal y si los estados tienen que reconocer tales matrimonios realizados en otros estados.  Se espera el veredicto para fines de junio.

Hoy, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 37 estados. Hace unos 10 ó 15 años atrás, pocos habrían podido predecir una transformación tan rápida en nuestro clima social y legal. Y aún, a juzgar por el exaltado debate en este país en cuanto a la libertad religiosa y derechos de homosexuales, el asunto parece estar lejos de resolverse.

A fin de hacer oír su voz en cuanto al asunto ante la Corte Suprema, una coalición diversa de comunidades religiosas, incluida La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, acaba de enviar un amicus curiae a la corte (Nota del traductor: una amicus curiae es un término jurídico que corresponde a una presentación voluntaria por parte de terceros en torno a un litigio en particular). Aunque el caso es acerca de la definición del matrimonio, el enfoque de este informe se basa en la libertad religiosa y en las muchas formas en que ambos temas están conectados.

Descargue aquí el PDF del informe (disponible sólo en Inglés)

Hace algunas semanas, el estado de Utah aprobó dos proyectos de ley que protegen la libertad religiosa y a su vez prohíben la discriminación en contra de personas LGBT [Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales] en áreas como vivienda y empleo. “Igualdad para todos” fue el llamado en el cual todos los partidos participaron. Este compromiso demostró que a pesar de ser opuestos, todos los puntos de vista pueden unirse a fin de llegar a un acuerdo. A pesar de que la situación de Utah no necesariamente es la misma que en las demás localidades en el país, es significante la manera en la que se aproxima. La Legislatura de Utah mostró que la tensión entre la libertad religiosa y los derechos de los gays no deben enfrentarse en una batalla donde haya un solo ganador que se lleve todo y un perdedor que quede sin nada. Sino que, podemos convivir juntos con nuestras más profundas diferencias.

Así que ¿cómo es que la Iglesia apoya los derechos LGBT en vivienda y empleo con la visión de justicia para todos, pero se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo?

Primero que todo, la Iglesia no puede ni busca forzar a otros, sobre todo aquellos que no son de nuestra fe, a vivir sus vidas de una manera en particular. Traemos nuestros valores a la opinión pública y llevamos nuestras inquietudes a través de los mismos canales democráticos que usan todos. No podemos prohibir las parejas entre personas del mismo sexo ni la convivencia entre heterosexuales no casados. En una sociedad pluralista, hacemos lugar para las opiniones y derechos de los demás, argumentamos persuasivamente en favor de leyes que eleven los principios morales basados en nuestro entendimiento del evangelio de Jesucristo y animamos a nuestros miembros a vivir esos principios.

Sin embargo, tal como se explica en el informe, la legalización del matrimonio homosexual en el país hace más que sólo otorgar el derecho a parejas homosexuales a obtener los mismos beneficios que los matrimonios heterosexuales. Al redefinir lo que el matrimonio ha sido por casi toda la historia humana, la corte impedirá a las personas religiosas participar completamente en la sociedad como ciudadanos iguales en la vida civil de Estados Unidos.

Ya tenemos ejemplos. Donde el matrimonio homosexual se ha legalizado, por ejemplo en estados como Idaho y Nueva Jersey, los defensores de los derechos de los gays han presentado querellas y demandas a fin de forzar a las denominaciones religiosas a permitir en sus propiedades e instalaciones la celebración de bodas homosexuales.

Además, según el informe, si la Corte Suprema designa la orientación sexual como algo que merece protección especial como la raza, entonces “los creyentes religiosos serían disminuidos en sus enseñanzas, asociación y libre ejercicio de sus derechos, incluso privados en una variedad de situaciones y contextos como educación pública, empleo, alojamiento y certificación educacional”.

Tales restricciones ya están ocurriendo. A los jueces de California pronto se les prohibirá unirse a los Boy Scouts o a cualquier otra organización de jóvenes que tenga como lema la moralidad tradicional. La acreditación del Gordon College está siendo desafiada porque su código de honor prohíbe “las relaciones sexuales fuera del matrimonio y las prácticas homosexuales”. Una asesora estudiantil en Michigan fue expulsada de su programa cuando de manera respetuosa pidió que un cliente gay fuera transferido a uno de los tantos otros asesores disponibles. Una sociedad pluralista que muestra verdadero respeto e igualdad a todos no debiera compeler ni obligar a estos individuos y entidades a traicionar sus creencias religiosas y su conciencia.

Y aún más, el informe sostiene que el estatus especial de la orientación sexual podría “oprimir y marginalizar las opiniones religiosas tradicionales en cuanto a la sexualidad y a quienes las sostienen, generando conflictos legales, burocráticos y sociales con un rango enorme de los intereses religiosos”. En esencia, las creencias religiosas en cuanto a la moralidad sexual tradicional podrían compararse al racismo.

El informe declara: “La Constitución marca un curso más sabio al dejar que las personas decidan el gran debate del matrimonio a través de sus instituciones democráticas estatales. El permitir a todos los ciudadanos de la misma forma forjar su propio destino es la única manera en el que las opiniones diversas de personas libres pueden ser respetadas en este tema de profunda importancia política, social y religiosa. Esa es la única manera en que este tema puede ser resuelto sin infringir un daño grave en millones de creyentes religiosos y en sus creencias e instituciones.”

Dejar que las cortes resuelvan estas complejas discusiones sociales fija un sendero problemático mucho peor que si dejamos a las personas que las resuelvan a través de sus procesos legislativos. Las cortes sólo pueden manejar los casos frente a ellas. Consecuentemente, su manera de juzgar no da lugar al compromiso. Por definición, una parte gana y la otra pierde. El resultado es, a menudo, la polarización, la animosidad y el alineamiento de un lado u otro. Lo que de verdad se necesita es un proceso que permita el dar y recibir, los acuerdos razonables y el respeto mutuo. Al unirse a este amicus curiae, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días apela a que la “igualdad para todos” es mucho mejor alcanzada en las legislaturas que en las cortes.